El Centro Universitario Regional del Este (CURE) de la Universidad de la República (Udelar) y la Intendencia de Maldonado firmaron este lunes 22 de diciembre, a las 9.00 horas, un convenio marco de cooperación orientado a fortalecer el trabajo conjunto en áreas estratégicas para el desarrollo del departamento. El acuerdo busca potenciar la articulación entre ambas instituciones en investigación, enseñanza, extensión y asesoramiento técnico, poniendo en valor el conocimiento académico al servicio de las políticas públicas territoriales.

Por la Universidad de la República participaron el rector, Héctor Cancela, el director regional del Centro Universitario Regional del Este (CURE), Joaquín Marqués, y el director local de la sede Maldonado, Carlos Iglesias. En representación de la Intendencia de Maldonado estuvieron presentes el intendente Miguel Ángel Abella Pérez, el secretario general, Dr. Álvaro Villegas, el director general del Departamento de Deportes, Fernando Álvez, y la directora general del Departamento de Convivencia Ciudadana, Dra. Adriana Graziuso. Asimismo, participó el diputado por el departamento de Maldonado, Diego Echeverría.

El convenio se apoya en una propuesta presentada por el CURE en julio de este año, que define líneas de articulación entre la Universidad y el gobierno departamental. Estas líneas contemplan aportes a la gestión pública a partir de procesos de investigación, actividades de enseñanza y acciones de relacionamiento con el medio, construidas con participación de docentes y estudiantes.

Durante la firma, el rector de la Udelar, Héctor Cancela, destacó que “en estos meses hemos tenido un intercambio muy fluido, que hoy se concreta en la firma de un convenio ambicioso, en el mejor sentido, con múltiples líneas de acción y una visión de desarrollo del departamento que compartimos”. Asimismo, señaló que “la participación de estudiantes, docentes e investigadores permitirá aportar al análisis y a la mejora de distintas áreas de actuación en un departamento con fuerte crecimiento demográfico y gran dinamismo económico”, y subrayó que “este trabajo conjunto entre la Universidad en el territorio y la Intendencia es una oportunidad para todos”.

Por su parte, el intendente de Maldonado, Miguel Ángel Abella Pérez, valoró que “ya venimos trabajando de forma conjunta y con resultados concretos, como se ve en las acciones vinculadas al Ecoparque del Humedal del Arroyo Maldonado y en el proceso desarrollado en Punta Ballena”, y sostuvo que “antes incluso de la firma de este convenio, ya estaban claras las señales y los objetivos de este trabajo compartido”.

El secretario general de la Intendencia de Maldonado, Dr. Álvaro Villegas subrayó que el convenio incorpora un anexo con líneas de acción “construidas desde la base, a partir de aportes de estudiantes y docentes”, y señaló que “uno de los primeros gestos del intendente fue solicitar la permuta para ampliar la sede del CURE en Maldonado, como una señal clara de la importancia de esta relación”.

Desde el CURE, el director regional Joaquín Marqués afirmó que “este tipo de acuerdos expresan lo mejor del proceso de descentralización universitaria, porque permiten construir en conjunto con los gobiernos locales y las organizaciones del territorio”, y agregó que “es en estas instancias donde la Universidad se hace carne en el territorio.”

En tanto, el director local de la sede Maldonado, Carlos Iglesias, expresó que “este convenio es un gesto y una señal de compromiso, aunque no implique recursos económicos directos”, y subrayó que “la responsabilidad ahora es llenarlo de contenido y de acciones concretas”. En ese sentido, señaló que “ya existen experiencias de trabajo conjunto, como las vinculadas a Punta Ballena y al Ecoparque del Humedal del Arroyo Maldonado, así como otras iniciativas que se desarrollan en el territorio y que este acuerdo permitirá visibilizar”.

El acuerdo prevé la creación de una comisión mixta, integrada por representantes de ambas partes, encargada de definir prioridades, proponer proyectos específicos, supervisar su ejecución y evaluar resultados. Tendrá una vigencia de cinco años y no implica asignación directa de recursos económicos, aunque habilita la articulación con otros organismos públicos y privados, tanto a nivel nacional como internacional.