En el entorno del Parque Roosevelt, vecinos y vecinas se organizan para cuestionar un proyecto destinado a la práctica de golf que pondría en riesgo el uso público de ese espacio. En los bañados de Carrasco, varios colectivos reclaman protección frente a un proyecto inmobiliario que tensiona la sostenibilidad ecosistémica de uno de los recursos ambientales más importantes de la zona. Más al este, en Punta Ballena, vecinos, ambientalistas y universitarios han reunido firmas y elaborado propuestas para preservar un paisaje que consideran parte de un patrimonio compartido. En Colonia, un grupo de habitantes defiende la escala de la ciudad frente a un proyecto que busca duplicarla con inversiones extranjeras. Son lugares, actores y procesos distintos –muchas veces de dimensiones pequeñas y locales, otras, con una organización que llega a los grandes medios de prensa y toma dimensiones públicas de alto alcance– pero remiten a una misma pregunta: ¿quién decide qué hacer con los lugares que habitamos?
En los casos mencionados, como en muchos otros de los que somos parte activa, se reconocen maneras diferentes de valorar el territorio: como espacio de vida que precede y permite nuestras formas sociales de habitar, como lugar de encuentro y cuidado, o como recurso susceptible de valorización en el mercado.
Entre estas racionalidades, la de priorizar la sostenibilidad de la vida o atraer la inversión del capital, se juega el ordenamiento territorial, obviamente con grandes desafíos y dificultades para combinar equilibradamente aspectos económicos y socioambientales.
La participación, necesaria por ley, pero también reconocida y reclamada por una larga trayectoria de estudios territoriales, requiere instituciones dispuestas a escuchar y actores sociales con tiempo, ganas y posibilidades de involucrarse.
Ambas condiciones deben construirse y sostenerse. La desafección democrática, que vemos hoy problematizada frecuentemente en la discusión pública, no se agota solamente en variables como la confianza de los ciudadanos en su gobierno, sus instituciones públicas o su sistema de partidos.
La cultura democrática es producida también allí donde las personas interactuamos con nuestro entorno, nos preocupamos por sus problemas y proponemos alternativas de mejora.
Estimular esta cultura requiere que la institucionalidad estatal se deje permear y refuerce los grupos autogestionados de habitantes y vecinos/as que producen lo común; que sepa hacer dialogar los conocimientos técnicos y las orientaciones políticas con los saberes populares de quienes caminan por las calles, se trasladan a sus trabajos, disfrutan de las plazas y parques, u organizan eventos de solidaridad y de ocio.
Emergen, en estos casos, iniciativas diversas que muchas veces constituyen –como indica el urbanista Carlo Cellamare– instancias de experimentación social y cultural que habilitan modos alternativos de producir y gestionar el territorio.
En el cuidado de espacios naturales como humedales, costas, nacientes serranas y bosques nativos, pueden surgir alianzas virtuosas entre actores sociales y grupos universitarios, que necesitan ser reconocidos y escuchados por los decisores públicos. Lo mismo puede decirse de otros campos conflictivos y áreas de acción, como la definición de qué constituye el patrimonio para una comunidad y cómo debe protegerse, cómo mejorar la infraestructura y las condiciones de vida de las periferias, o la forma de abordar la redensificación de las áreas centrales de la ciudad.
Estos contenidos y problematizaciones serán el objeto de dos eventos hermanados: el primero que se llevará adelante los días 4 y 5 de octubre en la Facultad de Arquitectura, Diseño y Urbanismo (FADU) de la Universidad de la República (Udelar), y el segundo el día 8 de octubre en la Liga de Fomento de Punta del Este.
En Montevideo, el seminario Intersticios –organizado por el Laboratorio de Urbanismo Participativo y Afectivo de la FADU– se propone como un espacio de reflexión sobre el ordenamiento territorial, el rol del Estado y la producción de lo común. Contará con presentaciones académicas y con instancias de diálogo con referentes de la política pública y de organizaciones sociales, involucradas en distintos procesos de ordenamiento territorial.
En Maldonado, Punta del Este, el evento se llama Gestionar lo Común. Participación, ambiente y territorio, es impulsado por el Departamento de Territorio, Ambiente y Paisaje del Centro Universitario Regional Este (CURE), y prevé potenciar el intercambio entre actores académicos, sociales y políticos sobre los desafíos de la gestión sustentable del territorio de esta región, en el marco de conflictos ambientales crecientes donde se ponen en juego diversas miradas sobre la naturaleza, el desarrollo y las tramas comunitarias. La instancia, de libre entrada, contará con invitados extranjeros que han investigado profundamente esta temática: Carlo Cellamare (Italia), Alberto Gutiérrez Tamayo (Colombia) y Romina Rébola (Argentina).
Esperamos que sean buenas oportunidades para poner en común inquietudes, deseos y alternativas transformadoras, que fortalezcan lo que nos es común y apunten a democratizar aquello que aún no lo es.
En tiempos de creciente indiferencia por lo público, proyectos de gobernanza urbana paralela y amenazas directas al sistema democrático, la posibilidad de intervenir en las decisiones sobre los lugares que habitamos cobra especial importancia. Allí también se construye (o se desgasta) la confianza en nuestra capacidad de transformar algo junto con otros y otras.
Organizan la actividad: el Departamento de Territorio, Ambiente y Paisaje del CURE; el Instituto de Estudios Territoriales y Urbanos de FADU; la Facultad de Ciencias Sociales; la Comisión Sectorial de Investigación Científica (CSIC) de la Udelar.
